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Inmobiliar administra 27% de inmuebles públicos.

Publicado por Inmobiliarios en 21 febrero, 2019
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La expansión de la oferta inmobiliaria del Estado ha ido de la mano con el aumento del gasto. Tras ser creada hace casi una década en diciembre del 2008, el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, Inmobiliar, catastró en 2015 casi 16 mil inmuebles, que incluyen las dependencias que dan servicios públicos de salud, educación, seguridad, administrativos. En la actualidad ya van 22 mil catastrados, de los que un 27% (5.913) están bajo administración de esa entidad.

El número incluye los 2.580 a nombre de Inmobiliar más los 3.333 restantes que están en proceso de transferencia a ese organismo creado en el régimen de Rafael Correa con el fin de inventariar, catastrar, evitar el desuso, administrar, adecuar, adquirir los edificios de las instituciones de la administración pública central e institucional y las empresas públicas del Ejecutivo.

El actual gobierno ve en la venta de parte de estas propiedades una forma de financiar el programa de vivienda Casa para todos.

No obstante, en Quito, por ejemplo, la ocupación de las nuevas plataformas gubernamentales –construidas con casi $ 300 millones– implicó que los antiguos edificios sean ocupados por otras instituciones que arrendaban. Así el Ministerio de Finanzas, inaugurado en 1973 en el centro norte de la capital, será ocupado por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt). Donde estaban los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) irán los del Ministerio de Justicia. Las instalaciones del Ministerio de Inclusión Económica y Social albergarán a los funcionarios del área política.

En Guayaquil, en cambio, se adecuaron durante el régimen de Correa los edificios incautados como el que en la actualidad es Gobierno del Litoral y el conocido como Makro para albergar a entes del Ejecutivo. Esto dejó espacios vacíos como el inmueble donde funcionaba la Subsecretaría de Educación, en el centro, y el que albergaba a los funcionarios del Banco Ecuatoriano de la Vivienda en liquidación, en el sur de la ciudad. Ambos con deterioro.

Estas construcciones, su mantenimiento y las adecuaciones, al igual que el cuidado de las que se van sumando por las incautaciones, empujó el gasto público que pasó a representar casi el 44% del Producto Interior Bruto (conjunto de los bienes y servicios producidos en un país durante un año) en el 2013, según el editor de la revista Análisis Semanal, Alberto Acosta Burneo. A este año cubre el 38% del PIB.

 

Pero el tema está en que la oferta pública supera la demanda del sector privado, por lo que los precios de venta tendrán una tendencia decreciente, dice. “Sobre todo en el tema de oficinas, porque con la urgencia de dinero el Estado estará más activo en la venta de sus inmuebles”. En este proceso, añade, el Gobierno central perderá dinero como resultado del mal manejo porque ha dejado deteriorar estos activos.

El catálogo a la venta de Inmobiliar establecido con el fin de financiar al Gobierno incluye de forma inicial 333 inmuebles entre oficinas, locales comerciales, casas, puestos de parqueo, terrenos.

El inventario del Gobierno aumenta cada año al incluir las propiedades incautadas a los sentenciados por varios delitos. Solo durante el 2017 se sumaron 349 propiedades: 18 por cohecho, 137 por narcotráfico y 194 por lavado de activos, según el último informe de rendición de cuentas.

Mientras, hay desorientación e incomodidad entre la ciudadanía que demanda servicios estatales. Nestor Ávila fue el martes último a la Agencia para la Promoción y el Control de la Calidad y la Protección de Usuarios y Profesionales de la Salud (Acess) que da los permisos para consultorios médicos y laboratorios. Esta funciona en el edificio Macro, el problema, dice, es el parqueo, ya que el instalado en la plaza comercial cercana tiene un costo si sobrepasa los 30 minutos o no se paga si se muestra una factura por un consumo mínimo de $ 5. “Hoy no me he demorado”, asegura.

Él también debe tramitar permisos para restaurantes en la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), ubicada en el parque Samanes en el norte de Guayaquil. Este fue aperturado en partes desde enero de 2013 y hoy acoge a ocho instituciones: “Lo ideal sería que estén juntos (Acess y Arcsa). El parque está lejos, pero sí hay parqueos. Antes todo estaba en la Dirección de Salud”, añade.

Otros, como Gustavo Ortega, acuden a varios puntos antes de dar con el sitio. En su caso primero fue al centro de la ciudad donde antes funcionaba la Senescyt, de allí fue al Gobierno del Litoral hasta finalmente llegar al edificio Makro.

 

También se dan cambios en los mismos edificios. Galo Quimís, de 58 años, cuenta que hace cinco años la Secretaría Técnica de Discapacidades funcionaba en la planta baja de Makro. El martes pasado tuvo que subir en muletas, por el ascensor, al décimo piso. “Vengo a ver por qué no me sale la autorización para una operación”, cuenta.

Acosta afirma que la venta de ciertos inmuebles acumulados por Inmobiliar es necesaria. “Durante la última década, el Estado pasó a construir megaproyectos como las plataformas gubernamentales en Quito. La prioridad era netamente política y se pensaba que modernizar el Estado era construir megaedificios, aunque los procesos internos no cambien”, dice. (I)

“El Estado tiene un exceso de espacio y ahora inevitablemente tendrá que reducirse porque no hay plata para mantener ese gasto excesivo”.

Alberto Acosta Burneo,
analista económico