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La contratación obligatoria de corredores, en debate Una propuesta de ley plantea la imposición de este tipo de intermediación. Las inmobiliarias advierten que esto podría encarecer las casas hasta un 5 %

Publicado por Inmobiliarios en 20 febrero, 2019
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El receso legislativo inició ayer, pero los días de calma solo son para los asambleístas. La presentación de un nuevo proyecto de Ley de Corredores de Bienes Raíces ha vuelto a poner en alerta al sector inmobiliario, que rechaza la contratación “obligatoria” de corredores para poder gestionar la venta y alquiler de bienes inmuebles. Creen que la medida beneficiará solo a este gremio de profesionales y que afectará el costo de las viviendas.

La propuesta, presentada el pasado 7 de febrero por el asambleísta independiente, Franco Romero, plantea la modernización de una ley que data del año 1984. En su artículo 23 se plantea que “las personas jurídicas, legalmente constituidas, cuyo objeto es desarrollar proyectos inmobiliarios, contratarán los servicios de un corredor profesional de bienes raíces”. En el sector inmobiliario eso se ha interpretado como una obligatoriedad, que terminará por generar una suerte de “monopolio” a favor de un gremio que, dicen, se sentirá en la facultad de fijar comisiones y tarifas de forma unilateral y con ello influir en un alza en el costo de las viviendas.

Así lo advierte Jaime Rumbea, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Viviendas del Ecuador (Apive), quien señala que desde su sector ya se ha estimado, “en base a cómo funciona la labor de corredores aquí y en otros países, que eso podría encarecer arriba del 5 % en el precio de las viviendas”, dijo.

Desde la Federación Nacional de Corredores de Bienes Raíces del Ecuador (FNCBR), desestiman estas advertencias y defienden esta propuesta, en la que tuvieron una participación directa a la hora de armar su contenido. Para Isabel Wagner, quien desde el pasado sábado se desempeña como presidenta de este gremio, existe un “desconocimiento legal”, de quienes hacen este tipo de cuestionamientos, pues aclara que la obligatoriedad se ordena desde que la ley fue aprobada el año 1984. “En su capítulo 3, art. 13 se menciona que las empresas jurídicas que se dedican a la venta de propiedades, su representante legal debe estar certificado con una licencia de corretaje. Eso no es ningún cambio. En esta ocasión lo que se quiere es hacer que se cumpla”.

Este Diario intentó comunicarse con el autor del proyecto de Ley, pero no hubo respuesta. Sin embargo, las diversas interpretaciones del proyecto han hecho que asambleístas como Henry Kronfle, del Partido Social Cristiano (PSC) retiren su apoyo, lo que invalidaría una posible calificación por parte del Consejo de Administración Legislativa (CAL) para que el proyecto pase a una siguiente fase para ser analizado.

Se busca la formalidad

La Federación Nacional de Corredores defiende la obligatoriedad de que cada promotora cuente con corredores debidamente certificados. Esto, dicen, evitaría a que se recurra a ciertos informales que ponen en riesgo la inversión de quien quiere comprar y vender propiedades. También haría que los corredores cumplan con el pago de tributos y con la protección del mercado con respecto al cumplimiento de lavados de activos y origen de fondos.